El Fondo Monetario Internacional aprobó una nueva Línea de Crédito Flexible (FCL) a dos años para México por 24.000 millones de dólares, que sustituye a un respaldo anterior de 35.000 millones que casi no se utilizó. Las autoridades mexicanas insisten en que seguirán tratando el instrumento como un escudo precautorio y no como dinero que piensen gastar, lo que refleja confianza en sus propios colchones mientras compran seguro frente a posibles choques externos.

El tamaño de la FCL se ha reducido varias veces desde un máximo cercano a 88.000 millones de dólares en 2017, una tendencia que el FMI vincula a fundamentos más sólidos: mayores reservas internacionales, una política fiscal más prudente y un banco central que ha mantenido una postura monetaria restrictiva para anclar las expectativas de inflación. Al mismo tiempo, el organismo advierte de vientos en contra claros —crecimiento débil, consolidación fiscal y tensiones comerciales— que podrían poner a prueba el apetito de los inversores por los activos mexicanos si se deteriora el sentimiento global de riesgo.

Para los operadores de divisas, la línea importa menos como liquidez fresca y más como sello de calidad. Los países que acceden a la FCL deben cumplir exigentes estándares de política y transparencia, y esa etiqueta suele ayudar a comprimir las primas de riesgo en tiempos de tensión. Si los mercados siguen volátiles, la renovación del programa podría dar un apoyo moderado al peso al reforzar la idea de que México combina disciplina de política con un sólido respaldo multilateral.

La gran incógnita es si el gobierno aprovechará este margen de seguridad para impulsar reformas que eleven el crecimiento potencial, o si simplemente se apoyará en la red de protección. Cualquier señal de relajación fiscal o de que la política empiece a dominar las decisiones económicas de cara a 2026 podría borrar rápidamente el efecto de confianza de la nueva FCL.